Contra todo lo pronosticado por las encuestas, el preconteo de las elecciones presidenciales en Colombia, celebradas el domingo 31 de mayo del año en curso, dio como ganador de la primera vuelta a Abelardo de la Espriella, candidato de derecha liberal e imitador de Milei y Bukele. En segundo lugar quedó Iván Cepeda, continuador del gobierno de Petro y representante de la izquierda indefinida fundamentalista colombiana, que se autodenomina progresista o socialdemócrata.

A las pocas horas, el presidente Gustavo Petro publicó en X (antes Twitter) una denuncia de fraude electoral: según él, hubo alteraciones e irregularidades en el software de la Registraduría, donde a último momento se registraron 885.409 votantes más, entre otras anomalías en los puestos de votación.

Todos los que hemos crecido en un barrio popular de Colombia sabemos bien que fraude siempre ha habido, hay y habrá. De todas las formas posibles: compra de votos, coacción en zonas de conflicto armado, presión de jefes sobre empleados en ciertas empresas, manipulación de formularios E14 y de jurados de votación, manipulación del software y del registro de votantes, muertos que votan, etcétera.

Aquí la verdadera cuestión no es si hubo o no fraude, sino si la justicia colombiana reconoce o no que lo hubo, a quién favoreció y si su magnitud fue determinante para inclinar la balanza hacia un lado. Pero ni siquiera mediante el escrutinio es posible conocer la cantidad real de votos comprados o coaccionados. La verdadera escala del impacto del fraude en los resultados nos es inaccesible, y lo será siempre en esta farsa llamada democracia liberal burguesa.

Con todo, lo más probable es que el balotaje, la segunda vuelta, lo gane Iván Cepeda, por estar inserto en un movimiento político plural que ha sabido capitalizar el descontento popular contra la clase dirigente tradicional y seducir a la mitad de la población al prometer mejores salarios, educación gratuita, acceso público a servicios de salud y una “revolución” agraria (que no es más que una reforma para restituir algunas tierras a campesinos).

Las posibilidades de Abelardo de la Espriella también son fuertes, pues el país se encuentra profundamente polarizado —como ha sido desde hace doscientos años— entre dos grandes fuerzas: liberales progresistas y liberales conservadores. Ya desde la década de 1830 comenzaron estas disputas caudillistas y bipartidistas entre liberales exaltados (llamados progresistas) y liberales moderados (llamados también retrógrados o conservadores) de las que al día de hoy no hemos salido.

Tomar postura por uno de estos bandos resulta complejo para un comunista, pues cada uno tiene sus pros y sus contras.

Si fuera una mera cuestión moral, sin duda Cepeda sería preferible debido a la cantidad de escándalos de corrupción y nexos de su oponente con paramilitares, narcotraficantes y las élites burguesas dominantes en Colombia. Pero no tener vínculos comprobados de corrupción no es el único criterio para ser un buen gobernante. Dejar de ver la política como una lucha entre el “bien” y el “mal” es el primer paso para madurar políticamente.

Se podría estar de acuerdo en que Abelardo es el “mal mayor”, pues, pese a denominarse “patriota”, es el más apátrida y cipayo de los candidatos, debido a su sumisión total a intereses extranjeros, concretamente anglosionistas. Pero eso no significa que Iván Cepeda sea el “bien”. No se puede esperar mucho de un eventual gobierno suyo porque, además de representar a una izquierda idealista e ideologizada, no tiene ni el interés en el discurso ni el poder material de impulsar reformas estructurales pues no cuenta con mayorías suficientes en el Congreso, ni el respaldo de las FFMM, ni una doctrina o teoría revolucionaria sólida. En el mejor de los casos, los pocos logros que obtenga en materia de derechos laborales y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores no serán gran cosa: estará limitado por poderes políticos y económicos más fuertes que él, y todos los derechos que se puedan conquistar durante su gobierno se perderán en el siguiente, como ha ocurrido siempre.

Mientras el centro del debate nacional no sea la estructura económica, la propiedad y gestión del excedente de producción (por y para la clase trabajadora), y la articulación de un bloque geopolítico económico-militar estratégico que garantice una verdadera soberanía nacional sin injerencia de intereses extranjeros, todo lo demás son cartas a los Reyes Magos; todas sus promesas de campaña están escritas en una pizarra con tiza que fácilmente se puede borrar y reescribir. Todos los derechos y avances que se conquisten hoy se perderán mañana, y se volverán a conquistar después para volverlos a perder, en el círculo vicioso interminable del pendulazo ideológico que inestabiliza al país y hace imposible toda continuidad y todo proyecto político de largo aliento.

Los cambios que ocurran serán superestructurales: los colores, las formas y las épocas, pero los problemas estructurales (la contradicción capital-trabajo) seguirán siendo los mismos hasta un eventual colapso de la sociedad o la apropiación del territorio por una sociedad externa. Esto es lo que ha pasado históricamente y sigue pasando hoy como podemos ver en Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, etcétera. Y seguirá pasando, al menos mientras no nos organicemos masivamente para derrotar de raíz al orden liberal burgués.

Por ahora nos quedan tres semanas más de circo electoral hasta que el 21 de junio se defina quién llegará a la Casa de Nariño a administrar los negocios de las burguesías nacionales y extranjeras que depredan y parasitan al pueblo colombiano, su territorio, sus recursos y sus instituciones.